La Audiencia Provincial de Málaga ha puesto en libertad a un condenado a 11 años de prisión por tráfico de drogas al comprobar que había pasado casi cuatro años de prisión preventiva sin que el juez instructor hubiera decretado la prórroga de la cárcel al cumplir los dos años.

EL MUNDO / EFE 25.10.03 VER ENLACE

Según informó el diario Sur de Málaga, el auto de libertad de la Sección Primera de la Audiencia reconoce el error judicial cometido con I.A.L., condenado el pasado 25 de julio a 11 años de prisión por tráfico de cocaína.

Uno de los abogados que llevó el caso, Manuel Huertas, aseguró que estudian la posibilidad de pedir la anulación del juicio celebrado al llegar su defendido a la sala privado de libertad sin resolución judicial que lo amparase. La resolución judicial admite que "el no haberse dictado en su plazo la prórroga supone una vulneración del derecho a la libertad, por lo que procede decretar su libertad provisional sin fianza", indica el periódico.

Libertad sin fianza

El error judicial fue advertido cuando Huertas y Francisco Floria, los nuevos abogados de I.A.L., se hicieron cargo del caso para recurrir la sentencia condenatoria ante el Tribunal Supremo y fue subsanado inmediatamente por la Sección Primera de la Audiencia, que el pasado miércoles dictó el auto de libertad sin fianza.

Según precisa el rotativo, la historia de este error judicial se remonta a 1999 cuando el juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga dictó una orden de detención contra I.A.L., de 44 años, por un delito contra la salud pública.

I.A.L. estaba acusado de ser el destinatario de un paquete con más de 6 kilos de cocaína procedente de Venezuela que había sido recogido por su hija de 15 años y que fue interceptado por la policía en enero de 1998, cuando la menor acudió a recogerlo a una empresa de transportes en el Polígono San Luis.

El padre no fue localizado y estaba declarado en rebeldía cuando el juez de instrucción conoció, a través de las autoridades francesas, que el acusado estaba preso en el centro penitenciario de Perpiñán por otro delito similar cometido en el país vecino y por el que había sido condenado a cinco años de cárcel, según el periódico.

El juez de instrucción pidió entonces la extradición de I.A.L. y solicitó a las autoridades francesas que mantuvieran en prisión al acusado para asegurar su entrega a España por lo que dictó un auto de prisión provisional el 6 de septiembre de 1999.

Pocos días después, el juzgado, a través de Interpol, recibió la comunicación de que I.A.L. había sido puesto "en situación de detención preventiva con fines de extradición a España" el 25 de octubre de 1999.

Es a partir de esa fecha cuando empieza a contar para el acusado la prisión preventiva, que según la ley tiene un plazo límite de dos años y sólo puede ser prorrogado otros dos años más por decreto expreso del juez, pero pasó el tiempo y los dos años de prisión preventiva se cumplieron sin que se decretara la prórroga.

La sección Primera de la Audiencia malagueña condenó a I.A.L. a 11 años de prisión y 200.000 euros de multa, la sentencia le fue notificada el pasado 25 de julio y, tres meses después el error judicial le ha dejado en libertad.