Estaba desesperada. Había intentado que en la prisión se le restableciera el tratamiento con trankimazín (un psicotrópico) al que había estado sometido su hijo por problemas psiquiátricos, pero no lo consiguió. El chico, condenado por homicidio, había tenido varios intentos de suicidio. En una de las visitas a la cárcel, ocultó 50 pastillas en el sujetador para entregárselas, pero fue sorprendida por los funcionarios. La mujer fue condenada por tráfico de drogas en grado de tentativa a dos años de cárcel. Ahora la Audiencia de Málaga ha revocado la sentencia y la ha absuelto, al considerar que ha quedado probado que no tenía intención de traficar y que las pastillas le fueron recetadas por un psiquiatra del Servicio Andaluz de Salud que había estado tratando a su hijo antes de ingresar en prisión.

Los hechos se produjeron en octubre de 2005. La mujer acudió a visitar a su hijo en la cárcel donde cumplía condena por matar a un hombre de 55 puñaladas e incendiar su casa. En el control preventivo a la entrada del centro penitenciario, al ser cacheada, los funcionarios le encontraron las 50 pastillas de trankimazín que llevaba escondidas en el sujetador.

La mujer fue detenida, pero la juez de guardia la puso en libertad sin cargos. No obstante el fiscal recurrió la decisión judicial, que prosperó por lo que fue llevada a juicio y condenada.

Su abogado defensor, el conocido abogado Manuel Huertas, recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial y esgrimió que los psicofármacos fueron recetados por el psiquiatra del SAS que había tratado al hijo de la mujer hasta su ingreso en prisión. Así, aportó el informe en el que el médico reconocía haber prescrito las pastillas y en el que agregaba que el paciente había mejorado notablemente con él, pero que luego, ya en prisión, dejó de ir a la consulta porque desde la cárcel lo habían conducido a otro Equipo de Salud Mental. No obstante, el facultativo recomendaba que se le siguiese suministrando la misma medicación, ya que el hijo de la mujer presentaba un intenso trastorno de impulsividad.

Es por ello que el defensor alegó ante el tribunal que la «droga» era para consumo del paciente porque había sido recetada por su médico y comprada legalmente en una farmacia, por lo que la mujer no tenía ninguna intención de traficar con ella. Además expuso que la procesada, si bien sabía que no podía introducir las pastillas en la cárcel (por eso las ocultaba en el sostén), desconocía que se trataba de droga y que estaba cometiendo un delito. De hecho, el abogado recordó que junto a las pastillas llevaba también en el sujetador unos langostinos dentro de un preservativo para dárselos a su hijo.